¿Que es Estado y como esta formado?

El concepto de Estado puede tener diferentes significados, en las ciencias naturales, el estado es una situación o modo de estar en que se encuentra una persona o cosa; así como también el grado o modo de cohesión de las moléculas de un cuerpo o materia (sólido, líquido o gaseoso).

En términos jurídicos y sociales, un Estado es la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y al establecimiento de normas de convivencia humana; es la unidad jurídica de los individuos que constituyen una nación o pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una Ley, con el fin de alcanzar el bien común.

El Estado es una maquinaria mediante la cual se hace efectivo el político; y el gobierno es quien, en una primera aproximación, detenta ese poder, ya que está constituido por el conjunto de personas que manejan dicha maquinaria.

La palabra Estado, no aparece en las lenguas europeas hasta el Renacimiento. Durante la Edad Media, el poder político se confundía con la propiedad. No existía el Estado en el sentido moderno, pues no había institución alguna que ostentara el monopolio del poder político, implicación que sólo surgió con el desarrollo del concepto de soberanía.

Para cumplir con el alcance de sus fines propuestos, el Estado realiza funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, de ahí es que se hable de la división de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

El Estado presenta diversas formas, las más conocidas son: según su organización tenemos al Estado Simple, donde el poder político dirige todo y existe una sola autoridad,  éste se divide en Estado Unitario y Estado Descentralizado.

Se tiene también al Estado Compuesto, el cual engloba una pluralidad de Estados, formando así uniones entre ellos, se divide en Estado Federal, es un Estado dividido territorialmente en varios Estados o provincias (se da en un gobierno democrático), y en Confederación de Estados, el cual es la unión permanente de Estados libres e independientes, mediante un pacto internacional.

Según los principios que sirven de base a esa organización, se tiene al Estado Liberal, que persigue asegurar al máximo la libertad individual; y el Estado Totalitario, donde la libertad está seriamente restringida y se ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones.

 

En Nuestro país Chile…

La Constitución Política de Chile, reformada en 2005, se establecen las bases y principios esenciales del régimen constitucional vigente, que se expresan en el Capítulo I, titulado “Bases de la Institucionalidad ”. Este texto constitucional, según el jurista Humberto Nogueira (2015), recoge una concepción personalista del Estado y reconoce la preeminencia de los derechos fundamentales en cuanto el Estado:

“está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece” (artículo 1°, inciso cuarto).

Además, el artículo 5º inciso segundo establece que:

“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Chile se rige por un Estado de Derecho, que se encuentra configurado por la Constitución y las leyes.

Estas normas configuran a nuestro país como una república democrática (artículo 4º), es decir, posee una forma de gobierno representativa, basada en valores de dignidad, igualdad y libertad humana, conjuntamente con el principio de la autodeterminación de los pueblos y respeto a los derechos humanos, entre otros.

El Estado de Chile es unitario, lo que significa que cuenta con un solo centro político de impulsión central, cuyos órganos son establecidos por la Constitución Política. A su vez, el territorio se divide en regiones y estas en provincias, las cuales para efectos de su administración interior se dividen en comunas, encabezadas por alcaldes que son democráticamente electos.

Además, la Constitución establece que la administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso, en conformidad a la ley.

El Gobierno y la Administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.

Los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos del Primer Mandatario en las labores de administración y de gobierno. Por su parte, los Gobiernos Regionales son órganos públicos encargados de la administración de cada una de las quince regiones de Chile. Estos tienen por objeto el desarrollo cultural, social y económico de las respectivas regiones, gozando de personalidad jurídica de Derecho Público, con funciones y patrimonio propio. La sede de estos gobiernos se encuentra en la ciudad capital regional. Lo encabeza el Intendente, el cual es de la exclusiva confianza del Presidente de la República y constituye el órgano ejecutivo de la región. Preside el Consejo Regional (CORE), órgano público, colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador a nivel regional, que tiene entre sus máximas atribuciones aprobar los planes de presupuesto del gobierno regional, ajustados a la política nacional de desarrollo y al presupuesto de la nación, como también resolver la inversión de los recursos consultados para la región en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sobre las bases de propuestas que formula el Intendente.

La administración local de cada comuna reside en una municipalidad, que es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el proceso económico, social y cultural de la comuna. Ella está constituida por un Alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo integrado por concejales, todos quienes son elegidos por sufragio universal y duran en sus cargos cuatro años, pudiendo ser reelegidos.

El Poder Legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, que está compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados. Ambas concurren a la formación de las leyes en conformidad con la Constitución y las leyes. En tanto la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales de justicia establecidos por la ley.

 

 

El Poder Ejecutivo

El Presidente de la República de Chile encabeza este Poder. Es un Ejecutivo “monista” en cuanto el Presidente desarrolla las funciones de Jefe de Estado y también las de Jefe de Gobierno.

Según la Constitución Política, la autoridad del Presidente de la República “se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes” (artículo 24, inciso segundo).

Cada 21 de mayo, ante el Congreso Nacional, el Presidente en ejercicio debe dar cuenta al país de la situación administrativa y política de la nación.

El Presidente de la República cuenta con un cúmulo de atribuciones tanto en materia de gobierno y administración, como en la labor legislativa, judicial y económica. Entre sus atribuciones se encuentran:

  • Concurrir a la formación de las leyes. Proponerlas a través de los llamados Mensajes, sancionarlas y promulgarlas.
  • Ejercer la potestad reglamentaria, es decir, la facultad de dictar normas para implementar las leyes.
  • Convocar a plebiscitos.
  • Nombrar y remover a los Ministros de Estado.
  • Otorgar indultos. El indulto es un modo de extinción de la responsabilidad penal de acuerdo al artículo 93 del Código Penal. Se le define como una “gracia por la cual se remite total o parcialmente un delito”. Pueden ser generales (alcanzan a personas indeterminadamente) o particulares (referidos a una o más personas determinadas).
  • Cuidar de la recaudación de las rentas.
  • Llevar adelante las relaciones internacionales del país, en concordancia con la política exterior del Gobierno.
  • Nombrar a embajadores, ministros diplomáticos y a representantes ante organismos internacionales.
  • Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia con arreglo a las leyes, etc.

Responsabilidad

El Presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por la mayoría de los miembros de la Cámara de Diputados en ejercicio. La acusación constitucional es un mecanismo jurídico-político contemplado en la Constitución para hacer efectiva la responsabilidad de altas autoridades. En el caso del Presidente esta acusación debe fundarse en que la administración haya comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación, o infringido la Constitución o las leyes (artículo 52 N° 2, letra a).

Esta acusación deberá ser resuelta por el Senado, que actúa como jurado.

Requisitos para ser elegido Presidente de la República

  • Ser chileno.
  • Tener cumplidos 35 años de edad.
  • Ser ciudadano con derecho a sufragio.

Desde la reforma constitucional de 2005, el período del mandato presidencial es de cuatro años. Quien ocupa el cargo no puede ser reelegido para el período inmediatamente siguiente.

El Poder Legislativo

Este Poder del Estado lo ejerce el Congreso Nacional, integrado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.

La ley orgánica constitucional del Congreso Nacional regula las atribuciones y funcionamiento del Parlamento, la discusión de los proyectos de ley, los vetos del Presidente de la República, y la tramitación de las acusaciones constitucionales contra diversas autoridades.

El Poder Judicial Este Poder del Estado tiene como misión esencial administrar justicia. En el Capítulo VI de la Constitución chilena, el artículo 73 dispone que al Poder Judicial, le corresponde:

“la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos” (artículo 73).

Los integrantes del Poder Judicial deben establecer la correcta y justa aplicación del derecho vigente para cada caso que conocen y fallan (resuelven), enmarcado dentro del ordenamiento jurídico vigente y según su competencia. El Poder Judicial tiene también la facultad de hacer ejecutar lo juzgado, conocida como facultad de imperio. Esto implica que la judicatura puede impartir órdenes directas a la fuerza pública (Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones de Chile), para efectos de cumplir una resolución judicial en caso de incumplimiento.

Dentro de la estructura del Poder Judicial, la Corte Suprema es el más alto tribunal existente en el país. Es un órgano colegiado integrado por 21 ministros. Su jurisdicción abarca todo el territorio nacional. Le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, salvo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los Tribunales Electorales Regionales y los tribunales militares en tiempos de guerra.

Jerárquicamente, por debajo de la Corte Suprema se encuentran las 17 Cortes de Apelaciones, que se distribuyen a lo largo del territorio nacional. Dependiendo de la Corte de Apelaciones respectiva se ubican los juzgados y tribunales. Hay juzgados civiles, juzgados de letras del trabajo, juzgados de familia y juzgados de cobranza laboral y previsional. En materia penal, existen los Tribunales Orales en lo Penal y los Juzgados de Garantía.

Las bases constitucionales del Poder Judicial están dadas por los principios de:

  • Imparcialidad. Los jueces son terceros ajenos al conflicto promovido por las partes, es decir, no tienen intereses concretos en los casos que deben conocer.
  • Independencia en su faz externa, esto es, el Poder Judicial es independiente de los otros poderes del Estado para el cumplimiento de sus funciones.
  • Independencia en su faz interna, esto quiere decir que ningún juez puede dar órdenes a otro, pues cada juez es independiente para decidir los casos dentro de su competencia. Excepcionalmente los tribunales superiores tienen atribuciones disciplinarias ante graves faltas o abusos.
  • Legalidad. Es decir, los tribunales deben estar establecidos por ley, al igual que las causas que tramitan y fallan. Del mismo modo, los tribunales deben decidir conforme al derecho vigente (Constitución, tratados internacionales, leyes ordinarias y otras normas).
  • Inamovilidad. Los jueces permanecen en sus cargos aunque no de manera absoluta, permitiendo que los tribunales actúen libres de presiones y puedan actuar con imparcialidad.
  • Inexcusabilidad. Los jueces deben resolver siempre los asuntos de su competencia, sometidos a su consideración a pesar de que no exista una ley que resuelva el conflicto concreto.
  • Responsabilidad, de los actos que se ejecutan dentro de las funciones como jueces.

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