Mucho es lo que ocupa a este tema, pero lo cierto, el es que la migración es una actividad humana que ha existido desde los comienzos de presencia del hombre en la tierra y seguirá existiendo, aunque en la actualidad de forma más regulada para dar soluciones a las personas que se enfrentan a con esta necesidad; en Nuestro país Chile, se ha establecido una moderna política para abordar esta materia donde nuestro gobierno ha dicho que; «por primera vez, el Estado de Chile tiene una Política Nacional de Migración y Extranjería (en adelante PNME) con una estrategia a largo plazo, objetivos claros y medidas de aplicación inmediata. Durante la presentación de la Política, en el Palacio de la Moneda, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá explicó que el objetivo es contar con una migración ordenada, segura y regular». ello en el marco de lo establecido por la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, la cual iremos revisando tanto para el conocimiento de los extranjeros que buscan regularizar su situación como para los nacionales que buscan entender cómo se realizan los procesos internacionales para chilenos que buscan emigrar a otros países en busca de mejores horizontes cuando la migración es un derecho humano, reconocido ampliamente por la comunidad internacional, tal como se menciona la Declaración Universal de 1948. En su artículo 13 donde refiere a que toda persona tiene el derecho a “circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” (ONU, 1948, art.13, inc.1) y además señala que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país” (ONU, 1948, art.13, inc.2).
Consejo de Política Migratoria propuso al Presidente de la República la PNME cuyo objetivo es promover una migración ordenada, segura y regular que contribuya al desarrollo del país, que considere las necesidades de los territorios y fomente la integración armónica de las personas migrantes.
La PNME estará, principalmente, enfocada en dos áreas: gestión interna a través del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y el control de fronteras. Esta nueva política se estructura en 10 ejes temáticos de trabajo, considera 28 medidas de aplicación inmediata y una serie de proyectos de ley para reformar la Ley de Migración y Extranjería y otros cuerpos legales. Entre las medidas de aplicación inmediata destaca: el Empadronamiento Biométrico, Comité Interinstitucional para la materialización de expulsiones, Desarrollo e implementación de Plan de fortalecimiento de capacidades locales y regionales para municipios que se han visto afectados por el incremento de llegada o tránsito de personas migrantes y Plan de fortalecimiento de la matrícula educativa.
Entre el catálogo de iniciativas legales se considera, la ampliación de causales de expulsión y prohibición de ingreso, asociadas a razones de seguridad interior y exterior. También incluye la violencia intrafamiliar como delito grave entre causales de prohibición de ingreso y expulsión. En materia de protección se establece el procedimiento de filiación para niños, niñas y adolescentes extranjeros que carecen de documentación de identidad del país de origen o que ésta sea deficiente.
La irregularidad migratoria, se enfrentará orientando la acción del Estado al combate contra las redes de tráfico y trata de personas. No habrá procesos masivos de regularización como los que se realizaron en el pasado. Se definirán modalidades condicionadas y específicas para regularización. El lineamiento para otorgar residencias será que estén asociadas a contratos u ofertas de trabajo en ramas de difícil cobertura, en sectores donde hay escasez de trabajadores, según capacidades territoriales, o bien por vínculos familiares.
La Ministra de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, señaló que “la Política Nacional de Migración y Extranjería resguarda la seguridad de todas las personas. Compromete altos estándares en el respeto de los derechos de las personas migrantes y, al mismo tiempo, exige que quienes migran tengan que respetar las leyes del país y las obligaciones cívicas, tal como deben hacerlo chilenos y chilenas”.
La Ministra agregó que la política pone un foco particular en “orientar las acciones del Estado en proteger la cohesión social, el bienestar y la convivencia en el territorio nacional, particularmente, en las zonas receptoras de población migrante. También, pone el acento en la protección de grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de género, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de trata, entre otros grupos de especial protección”
Estos y otros temas abordaremos para ir analizando la legislación pertinente.